En el conflicto de la República Democrática de Congo, durante el genocidio de Ruanda, y en todas las guerras pasadas y presentes, millones de mujeres y niñas sufren vejaciones. La máxima exigencia de las mujeres víctimas de crímenes sexuales y de los defensores de derechos humanos es obtener justicia y reparación. - Lola Mora

Reparación es garantizar que el crimen no se repita, así como el reconocimiento público del daño sufrido. Reparación es también compensación económica y atención médica, psicológica o jurídica. Desde América Latina también hay voces que exigen justicia, reparación y que las mujeres participen en la definición de una justicia de género.

Roger Muchuba habla desde la República Democrática de Congo, Benoit Kabuyi desde Ruanda y Eva Suárez es representante de Amnistía Internacional España. "No existe justicia sin reparación. La justicia prevé que se persiga y se repare y nosotros vamos a encargarnos de que se cumpla. Tiene que haber reparación para las víctimas", afirma Muchuba, mientras que Kabuyi añade "... y si no son capaces, entonces la víctima quedará sumida para siempre en su dolor imposible e inmenso". Por su parte, Eva Suárez considera que "las mujeres víctimas de violencia sexual en un conflicto armado, son víctimas de gravísimas violaciones de derechos humanos, y tienen derecho a obtener verdad, justicia y reparación".

Según Ana Lucía Herrera, directora ejecutiva de la Corporación Humanas, una organización feminista con varias sedes en América Latina, "la justicia de género incluye a las mujeres como actores de ese proceso de justicia, en el sentido de que se asegure justicia para ellas cuando sean víctimas de crímenes. Que sean también actoras en la administración de la justicia y en la construcción de un nuevo sentido de justicia que sea inclusivo para todos los seres humanos y para las mujeres en particular".

Unas 250.000 mujeres fueron violadas y mutiladas durante los cien días que duró el genocidio de Ruanda, en 1994. Meses más tarde Naciones Unidas creó el Tribunal Penal Internacional para Ruanda, con sede en Tanzania.

Pocas mujeres victimas de crímenes sexuales se atrevieron a testificar contra los responsables de las atrocidades. Quienes lo hicieron pusieron su vida en peligro. Como una mujer, que prefiere no revelar su verdadero nombre, y que denuncia: "ofrecí varias veces mi testimonio en 1996 a los investigadores que vinieron a buscar pruebas para el Tribunal de Arusha. Empecé a recibir amenazas de muerte por haberlo hecho. El Tribunal me tenía que proteger y me ayudó a salir de Taba. Me fui a Kigali pero, con el tiempo, la ayuda desapareció".

Han pasado más de diez años y no ha obtenido ni justicia ni reparación. Busca apoyo en un grupo de mujeres que, como ella, han sido víctimas del genocidio. Todas padecen graves secuelas producto de las violaciones. Se reúnen a menudo, y se ayudan para sacar adelante a los hijos, esos que la sociedad no quiere ver.

De las violaciones que sufrió, tuvo una hija y contrajo el virus del SIDA. Desde hace más de diez años, vive en la capital del país, sola, lejos de su comunidad natal. "El Tribunal me ayuda con las medicinas antirretrovirales", dice esta misma mujer, "pero no recibo apoyo para otras necesidades básicas como la alimentación, el alojamiento y la educación de mis hijos. El Tribunal habría sido muy sabio si me hubiera dado al menos un lugar donde vivir. Porque si muero mañana o el próximo mes, ¿dónde voy a dejar a mis hijos?", pregunta.

Artículo 7 del Estatuto de Roma: "Se entenderá por 'crimen de lesa humanidad' cualquiera de los actos siguientes cuando se cometan como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque: violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada u otros abusos sexuales de gravedad comparable".
 
Corte Penal Internacional
Asesinato. Exterminio. Esclavitud. Tortura…
Año 1998. Naciones Unidas da un paso histórico. Crea la Corte Penal Internacional, el primer tribunal internacional permanente que da respuesta legal a los crímenes más graves a escala mundial cometidos después del año 2002. La Corte instala su sede en Holanda.

Esta Corte supera errores cometidos por tribunales internacionales anteriores y desarrolla el derecho de las víctimas, quienes por primera vez pueden participar en los procesos judiciales y de reparación.

Por primera vez en la historia hay delitos de naturaleza sexual reconocidos como crímenes de guerra, de lesa humanidad y de genocidio. La presión que ejerció durante años el Caucus Mundial de Mujeres por una Justicia de Género fue clave para lograr los cambios.

Eva Suárez, de Amnistía Internacional España, asegura que "la Corte Penal Internacional fue un acontecimiento histórico y una reclamación del movimiento de derechos humanos durante años. Tenemos puestas ahí muchas esperanzas para que acaben los ciclos de impunidad que permiten que se perpetúen terribles y difíciles situaciones de derechos humanos. Estamos viendo cómo la Corte Penal Internacional da sus primeros pasos".

Por primera vez, se reconocen los derechos de las víctimas de violencia sexual en el contexto de un conflicto armado. Como por ejemplo, el derecho a la reparación del daño causado.

La Corte Penal Internacional expone que el proceso de reconciliación de un país pasa por la reparación de las víctimas. Fatou Bensuda, ayudante del Fiscal de la División de Acusación de la Corte Penal Internacional opina que la Corte "es una parte importante para una reconciliación. Si las mujeres víctimas sienten que alguien las puede ayudar a volver a la situación inicial, no completamente, claro, pero volver a la posición que tenían antes del crimen, es un gran paso hacia la reconciliación".

Otra novedad, las víctimas tienen derecho a presentar alegaciones o hacer llegar al fiscal información relevante. El papel de las organizaciones locales es muy valioso en el caso de crímenes de violencia sexual. Fiona Mackay, Directora de la Unidad de Participación y Reparación de Víctimas del Fondo Fiduciario, explica que "cuando la Corte abre una investigación en un lugar, lo primero que hace es abrir una oficina. Para nosotros es muy importante tener allí un contacto local. Respecto a las víctimas de crímenes sexuales, intentamos identificar también a las organizaciones que trabajan con mujeres y con víctimas. Ellas tienen derecho a tener un representante legal y a participar en el proceso legal".

La Corte se compromete a garantizar seguridad y protección a víctimas y testigos. Simo Vaatainen, Director de la Unidad de Víctimas y Testigos de la Corte Penal Internacional, subraya que "uno de los elementos más importantes de la protección es la víctima o el testigo en sí mismo, por lo tanto es absolutamente necesario mantener el nivel de confidencialidad en su interrelación con la Corte".

Otro logro tiene que ver con el concepto violación sexual y de las pruebas. Según Fatou Bensuda, de la Fiscalia "la Corte dice que cuando las circunstancias son coercitivas, como por ejemplo durante un conflicto armado, el empeño puesto en negarse no tiene que ser probado. Eso fue una gran innovación. Todos han seguido esta jurisprudencia - en parte por el trabajo de muchas ONG's- y ahora es más fácil para la Corte establecer crímenes basados en la violencia de género de lo que ha sido hasta ahora. Antes tenías que probar la negativa al consentimiento, la penetración… lo que hacía mucho más difícil probar un caso de violación ante una Corte".

Fondo Fiduciario en Beneficio de las Víctimas André Laperrière, es director del Fondo Fiduciario en Beneficio de las Víctimas. Un fondo de dinero que se nutre de aportaciones privadas y de los estados parte de la Corte Penal Internacional. "El Fondo en beneficio de las víctimas, como su nombre indica, está concebido para ayudar a grupos y comunidades de víctimas de crímenes de guerra, de lesa humanidad y de genocidio a que vuelvan a tener la vida que tenían antes o que hubieran tenido antes de que fuesen víctimas del crimen" dice Laperrière. "Para conseguirlo, el Fondo intenta trabajar en los países con las víctimas directamente. Vemos con ellas cuáles son los daños sufridos y establecemos juntos un plan de acción para volver a una vida lo más normal posible".

Es la primera vez que existe un fondo económico permanente para ayudar a víctimas de una guerra. Un ejemplo de cómo funciona está en el este de la República Democrática de Congo, en una comunidad de la provincia de Kivu Sur, donde la mayor parte de sus mujeres han sido violadas.
"Es una provincia en la que miles de mujeres han sido violadas víctimas de los ejércitos y guerrillas que han operado en las guerras", explica André Laperrière y continúa "hemos hablado mucho con esas mujeres. Bueno, antes que nada están las que han sufrido heridas y deben recibir tratamiento, así que los cuidados médicos son la primera acción.
La segunda es el aspecto psicológico. Porque muchas han sido salvajemente violadas, en público muchas veces, han sido estigmatizadas... Hay una tercera acción. Ellas nos han dicho: nosotras lo que queremos es que el mundo sepa lo que nos ha pasado. Que nuestros testimonios sean escuchados por el mundo, por nuestros hijos y nietos. Para que nada de esto vuelva a suceder. Así que les ayudamos a hacer una especie de conversación colectiva que produce una solidaridad y una sensación de terapia. Les hace bien hablar y exteriorizar el sufrimiento, pero además es muy noble y positivo hacer ese ejercicio de memoria colectiva".

El Estatuto de Roma
Todos estos avances están recogidos en el Estatuto de Roma, el documento aprobado por Naciones Unidas para crear una Corte Penal Internacional permanente. Los Estados que ratificaron el Estatuto tienen la obligación de aplicar los cambios a nivel nacional. El tribunal internacional es sólo un complemento.

Paul Seils de la División de Jurisdicción, Cooperación y Complementariedad, reconoce que "no todos los Estados parte han aceptado aún lo que implica el sistema de omplementariedad. Para que este sistema funcione bien, los sistemas nacionales deben tener la capacidad y la voluntad política", y añade que "esto sólo crecerá si todos los Estados tienen voluntad de invertir en justicia. La Corte sola no tiene ni la capacidad ni el conocimiento total para hacerlo".

Es un asunto de voluntades políticas. Hay países, como Estados Unidos, que han negado su apoyo a la Corte Penal Internacional y han adoptado normas para garantizar la inmunidad de sus tropas en numerosos países.

En otros, como la República Democrática de Congo, las organizaciones sociales, inspiradas por la Corte, exigen la reparación de las víctimas como parte de la transición política del país. Roger Muchuba, de la Coalición de ONG's por la Corte Penal Internacional, considera que "el gobierno debe prever fondos y es lo que le pedimos. Cuando decimos que la gente está destrozada, hablamos también de las mujeres que han sufrido violencia sexual y eso es una tarea del gobierno que debe preverlo en el presupuesto nacional. Un presupuesto nacional que se nutre también de dinero de la comunidad internacional. Eso no es un trabajo de las ONG's, es un trabajo del gobierno. El gobierno debe recibir los fondos y actuar".

Cinco años después de su nacimiento, la Corte Penal Internacional abre el primer caso centrado en crímenes de violencia sexual. Es en la República Centroafricana. También en el año 2007, la Corte emite al menos dos órdenes de arresto internacional por crímenes de lesa humanidad y de guerra en la región de Darfur, Sudán. Entre los crímenes imputados hay casos de violencia sexual.

Eva Suárez de Amnistía Internacional, afirma que "en lo que se refiere a las víctimas de violencia sexual, queda todavía mucho trabajo por hacer dentro del plan estratégico de largo plazo de la Corte Penal Internacional, para responder mejor a las necesidades de las víctimas".

La Corte Penal Internacional juzga crímenes en tiempos de guerra. Pero la violencia sexual contra las mujeres es un continuum que no termina con el silencio de las armas. La Corporación Humanas advierte de que evitar la violencia sexual es un asunto de salud pública y seguridad ciudadana. Ana Lucía Herrera, desde Ecuador, señala que "esto tiene que ser un asunto tratado como parte de la seguridad, porque resulta que el 50% de la población de nuestros países, que es más o menos el porcentaje de mujeres alrededor del mundo, vive en permanente inseguridad. Entonces, quiere decir que los planes de seguridad, los planes en relación con el rol de la policía y los sistemas de protección que se monten, tienen que ser un sistema de protección que tengan una visión de política pública y de compromiso político de los gobiernos".

Ana Lucía Herrera y Elisabeth Odio Benito; dos visiones, dos luchadoras infatigables por la justicia de género. "Creo que se ha logrado sensibilizar, se han logrado aliados importantes, hombres aliados importantes a nivel internacional", dice Herrera, "pero el costo de cambiar esta cultura de violencia hacia las mujeres, este sentido de propiedad sobre el cuerpo de las mujeres, recae sobre las propias mujeres. Entonces la deuda es enorme y estamos mirando una sociedad sin futuro para las próximas generaciones asumiendo que nosotras somos quienes generamos vida. Tal vez lo que deberíamos decidir es no generar más vida", añade con ironía, "para ver si eso marca un cambio… Al menos no dando más victimas para esta cultura, donde el cuerpo de las mujeres es objeto de cambio, objeto de uso y puede ser desechado, ¿no?".

Elisabeth Odio, por su parte, opina que "ésta, como Corte Penal permanente tiene que ser el corazón mismo de un nuevo sistema de justicia penal internacional. Pero un sistema de justicia penal internacional sólo será posible si existe una verdadera volunta política internacional".
"Si el acceso a la justicia no es real, la Corte va a perder credibilidad también", asegura Herrera. "Así que la expectativa es alta, las mujeres seguimos insistiendo y trabajando de cerca con las víctimas, y buscando que la Corte sea el espejo necesario para que el interior de estos países que están viviendo estos conflicto, tengan una respuesta real para las mujeres. Porque sabemos también que la Corte tiene limitaciones. Van a investigar a los principales responsables, pero quedarán muchos otros que dependerán de la capacidad y el compromiso de las justicias internas de los países. Pero si la Corte no hace bien ese trabajo, creo que al interior volverá a haber impunidad y los acuerdos de paz volverán a levantarse sobre el cuerpo de las mujeres", concluye.