Cincuenta mil muertos de la guerra contra el narcotráfico en México se entienden como crímenes de “orden común y algunos pocos pertenecientes al fuero federal”, según el embajador de México en Holanda.

Jorge Lomónaco, embajador de México en los Países Bajos y vicepresidente de la Asamblea de Estados parte de la Corte Penal Internacional, CPI, sostiene que “no hay base jurídica para la demanda presentada contra el presidente mexicano Felipe Calderón ante la CPI”.

El viernes 25 de noviembre se presentó ante el Fiscal General de la CPI, Luis Moreno Ocampo, un dossier que contiene “470 casos documentados de crímenes que van desde el asesinato, la desaparición forzada, violaciones, reclutamiento de menores, tortura y desplazamiento forzado. Estos hechos se dan en un contexto generalizado de violencia sistemática que ha llevado a México a una crisis humanitaria con más de 50 mil personas asesinadas, 230 mil desplazados y 10 mil desaparecidos”, explicaba a RNW Netzaí Sandoval, abogado independiente y redactor de la demanda.

En la petición que se presentó ante la CPI “se responsabiliza directamente al Estado mexicano en la ejecución de crímenes de lesa humanidad. Entre otros delitos, se cuentan violaciones perpetradas por el ejército mexicano; esclavización de inmigrantes por parte de funcionarios del gobierno federal; homicidios de civiles en retenes militares; desapariciones forzadas atribuibles a agentes estatales; utilización de la tortura como mecanismo para lograr auto-inculpaciones y ejecuciones extrajudiciales”, detallaba el abogado.

Sin base jurídica
Pero la demanda no tiene base jurídica, según el embajador Lomónaco, porque “se están planteando crímenes de guerra. Y para aplicar la jurisdicción sobre crímenes de guerra tendría que haber un estado de guerra, de conformidad con los convenios de Ginebra. Para que haya un estado de guerra no basta con una declaración retórica. Se tienen que cumplir con las condiciones para que se declare”, explica el diplomático.

Reglón seguido, el tono de Lomónaco es más contundente: “Niego de forma categórica que en México exista un conflicto armado no internacional y mucho menos un conflicto armado: no se puede argumentar un crimen de guerra. No es un conflicto de guerra, ni armado, ni interno, tampoco internacional. Todo esto de acuerdo a los convenios de Ginebra”.

¿Pero bajo qué figura se debe entender la muerte de 50 mil personas? De acuerdo con Lomónaco, “la abrumadora mayoría de esos lamentables crímenes son del orden común. Unos cuantos corresponden al fuero federal. Son todos crímenes del orden común, no constituyen parte de un conflicto armado”, y añade que “es importante recordar qué es la CPI y qué no es la CPI. Porque ante tantas declaraciones, parecería que se pierde el foco de lo que es”, insiste.

Confusiones respecto de la CPI
Lomónaco explica que “la CPI no es una agencia de cooperación, un organismo de protección de derechos humanos, y no es una corte de apelaciones para las víctimas que no están satisfechas de los procedimientos nacionales o de sus fallos. Algo fundamental de recordar”.

Los estatutos de Roma hacen que el umbral de admisibilidad de un caso ante la CPI sea jurídico y no político. ¿Tiene color político la denuncia presentada contra el presidente Felipe Calderón? Lomónaco: “Eso cabe preguntárselo a los que firmaron la denuncia. Yo solamente hago el énfasis en que el umbral de admisibilidad debe ser jurídico, no político”.

La Corte Penal Internacional es el primer tribunal permanente establecido por la comunidad internacional, con antecedentes en el tribunal de Nüremberg o los tribunales para la ex Yugoslavia, Sierra Leona o Camboya. Y su objetivo es perseguir los crímenes más serios que afectan a la humanidad.

“Usted me pregunta si el estado mexicano está en la capacidad de juzgar crímenes de lesa humanidad, pero estos no constituyen crímenes de lesa humanidad. De acuerdo al estatuto de Roma, los crímenes de lesa humanidad se constituyen como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque”, razona Lomónaco.

La justicia actúa
El diplomático destaca también que “hay cientos de procesos abiertos y en marcha en México. Y se está procesando a los criminales. En paralelo, se está llevando a cabo una serie de reformas muy profundas al sistema judicial mexicano. La justicia se está cumpliendo”, agrega.

Ante el caso presentado ante la CPI, la Secretaría de Gobernación de México respondió que “la política de seguridad aplicada por el gobierno de Felipe Calderón de ninguna manera constituye un crimen internacional; por el contrario todas sus acciones están encaminadas a detener a las organizaciones criminales y proteger a todos sus ciudadanos”.

“Lo que le puedo comentar es que efectivamente hay voces críticas en México con respecto a la estrategia de seguridad. El gobierno del presidente Felipe Calderón está abierto a escuchar a esas críticas. Es todo lo que le puedo decir”, concluye el diplomático.