En la lucha contra el narcotráfico, políticas estadounidenses y europeas marcan un compás que amenaza la democracia latinoamericana y la razón de ser del Estado de Derecho frente a los cárteles de la droga.

Dos miradas frente a un mismo problema: el narcotráfico en la región latinoamericana. Si bien el asunto referido tiene ribetes globales, en Suramérica se juega un partido en el cual, de lo que se lleva jugada la contienda, se observa al equipo latino disgregado, desordenado y sin la estrategia necesaria para enfrentar a un rival que puede ganar por goleada.
 
En relación al tráfico de drogas, principalmente de cocaína, la región cuenta con dos elementos que han atravesado el problema desde que los cárteles de los estupefacientes decidieron hacer negocio con una planta ancestral de los Andes sudamericanos.
 
Un elemento tiene que ver con que el total de las hectáreas cultivadas de la hoja verde, cada vez más blanca, se concentra en tres países de la región: Colombia, Perú y Bolivia. Siendo los grandes productores, sus políticas y estrategias raras veces están articuladas frente al fenómeno. Su visión del problema puede diferir diametralmente teniendo en cuenta las dinámicas internas de cada uno de estos países y de la voluntad política existente entre su clase dirigente para tomar el cuerno por las astas.
 
El otro elemento al que hacíamos referencia tiene que ver con el papel que juega Estados Unidos en la región. El que era su “patio trasero” en los años 60 y 70, se convirtió en el principal oferente del producto, y Estados Unidos en el principal consumidor. Por tanto, la presión estadounidense hacia los países productores para que adopten políticas encaminadas a erradicar los cultivos, con lo que puede significar la presión de un país tan grande y poderoso, no es cosa menuda.
 
La óptica de Estados Unidos se concentra básicamente en la erradicación del insumo principal de la droga, la represión sostenida y creciente contra los campesinos cocaleros para obligarlos a abandonar los cultivos y la militarización del conflicto.
 
La hoja de coca no crece en jardines sino en pendientes de ceja de selva, entre 800 y 2500 metros del altura sobre el nivel del mar, allí donde los campesinos minifundistas son concientes de que este cultivo es el único rentable en zonas donde el Estado casi no existe y cuya infraestructura es muy precaria como para concatenar su producción con zonas importantes del mercado.
 
En los últimos años, y bajo la mirada estadounidense del problema, Colombia parece haber obtenido logros importantes en la lucha contra el narcotráfico. La política de Álvaro Uribe al enfrentar a las FARC lo obliga indirectamente a enfrentarse a uno de los cártels más poderosos del continente. Los éxitos militares presentados por su Gobierno, junto a las estadísticas que revelan disminuciones importantes y sostenidas de las hectáreas de cultivo de por lo menos un 9% al año, parecen abonar la tesis estadounidense de mano dura y tolerancia cero. Sin embargo, las denuncias sobre violaciones a los derechos humanos en Colombia se han disparado y el ‘sicariato’ sigue a la orden del día.
 
Es en este panorama que, a mediados de los 90, aparece la propuesta europea para enfrentar el problema. La iniciativa contó con el visto bueno de Naciones Unidas y consistió en el trabajo de sustitución del cultivos, en la apuesta por los cultivos alternativos en las agrestes y difíciles zonas cocaleras.
 
Esto, a su vez, obligaba a convencer al campesino cocalero de la necesidad de crear cadenas de producción que amarren lo trabajado en sus tierras enganchando con un mercado desarrollado y moderno. Los cocaleros saben que, frente a la hoja de coca y su producto industrializado, la cocaína, la rentabilidad del café, el cacao, la palma aceitera será ínfima. Sin embargo, aun si quisieran apostar por los nuevos cultivos, para no estar sometidos al chantaje de los delincuentes narcos, son concientes de que el producto agrícola se quedaría varado, malogrado y perdido en las fangosas carreteras que unen las zonas cocaleras con las principales capitales de provincia o con la capital, Lima. Viajes de 18 horas en trochas que poco tienen de carrozables, con fletes de camiones que hacen que sus productos no puedan ser competitivos.
 
La infraestructura local, en el caso peruano por ejemplo, refleja abiertamente esa situación tremenda. Campesinos dispuestos a dejar los sembríos ilegales y apostar por lo alternativo vuelven rápidamente al cultivo de la coca ancestral, pues, el Estado, ausente, no puede garantizar seguridad ni la infraestructura para poder apostar por la licitud.
 
Algunas voces proponen un viraje hacia el modelo europeo para enfrentar el fenómeno del narcotráfico tras 30 años de políticas dictadas desde Washington. Se alimenta el debate de la ‘descriminalización’ de las drogas. Washington parece también más permeable a dejar hacer a la región en este tema sin interferir, como la hacía hace unos años frente a cualquier intento de quererse salir de la línea dura norteamericana. A eso se añade también el modelo europeo de flexibilización de sus políticas, con resultados interesantes en términos de salud para atender a los drogadictos, sin aumento de la delincuencia.
 
No parece haber una opinión pública tan favorable o permeable con estos temas. En Perú el narcotráfico mata, incluso a jueces y fiscales. En México, el Estado está tomado por los cárteles. En Colombia, la mano dura muestra éxitos relativos pues ha hecho del ‘sicariato narco’ un negocio de exportación.
 
Finalmente, hay quienes consideran que en Perú ningún modelo de políticas para la lucha contra el tráfico de drogas ha funcionado, porque ningún Gobierno lo ha empleado. Los barones de la droga sacan por la costa peruana miles de toneladas de cocaína al año, y aunque las autoridades las ven pasar, la lectura no es la ausencia de estrategias sino de la inexistente voluntad política de enfrentar el fenómeno.