"Mafias y asesinos se han unido para derrocar al Gobierno," sostuvo a mediados de esta semana el presidente de Guatemala, Álvaro Colom, en medio de una crisis político-institucional.
 

Por su profundidad y alcances, si tal conspiración fuese real, sus promotores estarían alcanzando su objetivo. El Ejecutivo parece cada vez más atrapado por el dilema hamletiano y algunos de sus principales cuadros han comenzado la evacuación. En el Congreso se acumulan iniciativas y proyectos con, por lo menos, un año de antigüedad. La Justicia no existe. Los límites entre policías y delincuentes se han borrado por completo. En materia de finanzas públicas los pronósticos son sombríos. El deporte favorito de los comunicadores sociales es disparar contra el oficialismo.
 

Al cumplirse un año del golpe de Estado en la vecina Honduras, la comparación es tan inevitable como la advertencia de que se trata de procesos con muy poco en común, salvo por la virulenta oposición del Legislativo y el recalcitrante conservadurismo de las clases dominantes. Tal vez las dos diferencias fundamentales consistan en que las "incertidumbres de la socialdemocracia en Guatemala" - a las que se refiere el sociólogo Carlos Figueroa Ibarra en su reciente obra "¿En el umbral del posneoliberalismo?" - la colocan a años luz de Venezuela, Bolivia y Ecuador ( y, por lo tanto, el poder estadounidense apoya al gobierno). Y que en el caso guatemalteco los militares "de alta" - no así los retirados - hasta ahora se mantienen en un estado de aparente prescindencia.
 
La más reciente manifestación de la inestabilidad existente es la virtual desintegración del gabinete económico que se inició con la renuncia del titular de esa cartera, Rubén Morales, a la que acaban de sumarse las de los ministros de Finanzas Publica, Juan Alberto Fuentes Knight y de Energía y Minas, Carlos Meany.
 
De esta manera, de los trece ministros que originalmente conformaron la administración de Colom, en enero de 2008, sólo permanecen en sus cargos el canciller, Haroldo Rodas; y los titulares de Ambiente, Luis Ferraté; y de Cultura, Jerónimo Lancerio.

Simultáneamente, se conoció el alejamiento del Comité Ejecutivo de la Unidad Nacional de la Esperanza (NE), el partido de gobierno, de Roberto Alejos, presidente de la Comisión Permanente del Congreso de la República. 

Los casos de Fuentes Knight, Meany y Alejos son especialmente significativos por tratarse de representantes de sectores económicos que apoyaron financieramente la campaña electoral de Colom. La familia Alejos, por ejemplo, está vinculada al grupo Cohen, proveedor de medicinas (se afirma que monopoliza el abastecimiento al sector de Salud Pública) y propietario de una red de farmacias. Uno de los directivos de este grupo, Alberto Cohen Mory, fue nombrado presidente del Instituto de Electrificación, mientras que uno de sus ejecutivos, Gustavo Alejos Cambara ocupó la Secretaria Privada de la Presidencia, y su primo, Luis Alejos Olivero (responsable financiero de la campaña electoral del 2007) se desempeñó como ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.

Lo paradójico es que cuando Colom advierte sobre un complot para desestabilizarlo no incorpora como una variable a considerar estas fisuras en la alianza con algunos de los grupos empresariales que contribuyeron a ubicarlo y sostenerlo en el gobierno, sino que considera las deserciones – según sus propias palabras – “simplemente cambios normales, lo mismo que en cualquier equipo de fútbol”.

Para él, en lugar de una crisis política, se trata de un problema de seguridad (“mafias y asesinos”) y, por lo tanto, al tiempo que designaba los relevos de los renunciantes, nombró a un nuevo Director de la Policía Nacional Civil (PCN) y destituyó a nueve comisarios.

La “desconexión” (¿), como dijo durante la ceremonia de toma de posesión del nuevo Director de la PCN, habría comenzado “con el asesinato” de su primer ministro de Gobernación, Vinicio Gómez, a mediados del 2008.

Cabe destacar que Gómez y su viceministro, Edgar Hernández, murieron como consecuencia de la caída del helicóptero en el que viajaban, por causas que nunca fueron debidamente establecidas.

Por primera vez el mandatario se refirió a ese hecho como un “asesinato” en los siguientes términos: "Quiero compartir algunas realidades internas que por razones obvias no se habían compartido anteriormente…Desde la muerte, el asesinato, de Vinicio Gómez se empezaron a evidenciar una serie de situaciones que provocaron un proceso muy largo de desconexión".

No quedó muy claro a qué “desconexión” se refirió el presidente, pero para Carlos Amador, presidente de la poderosa organización cúpula empresarial, “ha habido un cambio fuerte; un reposicionamiento de fuerzas; luchas internas alrededor del presidente”.

La mayoría de los analistas coincide en que se trata de una multiplicidad y superposición de factores de carácter político (las aludidas “incertidumbres” y los prematuros reacomodos con vistas a la próxima contienda electoral) , económico (el rechazo al “asistencialismo” y la pugna entre oficialismo y oposición en torno a una reforma fiscal), social (el malestar del “stablishment” ante el protagonismo de las organizaciones de la sociedad civil) y, también, de seguridad y justicia (narcotráfico, violencia, impunidad).

Estos últimos son, efectivamente, los que mayor conflictividad generan. Por eso, la reciente renuncia del titular de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), el jurista español Carlos Castresana, y el contenido de su declaración de despedida pueden considerarse como un detonador.

Castresana acuso explícitamente al Estado guatemalteco de falta de colaboración. Como una ultima iniciativa exigió y obtuvo la destitución del recién nombrado Fiscal General de la Nación, Conrado Reyes.

Con ello provocó el descrédito de algunas de las principales instituciones públicas y privadas del país – la Corte Suprema de Justicia, el Colegio de Abogados y todas las Universidades – cuyos representantes en la Comisión de Postulación de seis candidatos a Fiscal General fueron “invitados” a renunciar por la Corte de Constitucionalidad, después de haber declarado nula la designación de Reyes.

De pasó contribuyó a la erosión de la investidura presidencial ya que, en última instancia, fue Colom quien seleccionó entre esos seis a Reyes, acusado “a posteriori” por Castresana de tener vínculos con la delincuencia.

En el mejor de los casos se trató de una torpeza del mandatario atribuible a una inconcebible falta de información. Pero, el problema es que no fue la primera vez. Colom destituyó esta semana a Saúl Vinicio Alburez Cifuentes, titular de la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia (SCEP), después que un juez recordó que sobre él pesa una antigua orden de captura por estafa y usurpación de cargos.

¿A la abultada lista de comisarios destituidos el presidente no debería haber añadido la de todos los integrantes de su equipo de Inteligencia?