El año 2009 fue especialmente movido en materia de leyes de medios en América Latina. Hay de todo y como siempre se repite la cantinela de la SIP sobre atentados a la libertad de expresión cuando lo que están defendiendo son las ventajas que les brinda la libertad de empresa.

Confieso que estoy muy contenta con la nueva ley de Argentina que entra en vigencia este mes de diciembre. Lo impresionante de esta ley es que va directo contra los monopolios. Esas son las apuestas políticas consecuentes. A esto la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, lo llama “mecanismo para asfixiar a los medios privados”. La realidad es que se trata de restringir el número de frecuencias que puede tener una misma empresa en el espacio electromagnético, que es propiedad de todos y administrado por los Estados pero que ha estado sujeto a grandes monopolios empresariales.
 

Verdaderamente me parece increíble que los críticos de la ley estén preocupados por lo que tiene que ver con los intereses empresariales y que no se ocupen de la democratización que supone el hecho de dar acceso a otros actores a esas frecuencias y del hecho encomiable de que esta ley deroga la que estaba vigente desde la época de la dictadura militar, con todo lo que de ello se puede esperar. Lo mejor de todo es que el enfoque central de esta nueva ley está en los derechos humanos y en entender la información como servicio de interés público, óptica bajo la cual la visión predominante no es, en perspectiva de negocio, la defensa de los intereses de las empresas sino del derecho de todos los ciudadanos a expresarse y a acceder a una información pluralista.
 

Una ley que reserve un porcentaje que se aproxima a la tercera parte del espacio electromagnético a entidades sin ánimo de lucro me hace pensar que la democratización de las comunicaciones es posible. Entonces ¿a qué tanta oposición si no es en defensa de los intereses empresariales y de los monopolios que tanto daño le hacen a la democracia?

El caso de Ecuador es algo más complejo. A mí me parece que la ley tiene cosas buenas, pero la actitud pendenciera de Correa hacia los medios, al mejor estilo de Chávez, le pone un contexto lleno de dudas sobre las verdaderas intenciones de la ley. Eso de decir abiertamente que hay que controlar a los medios e instar a otros países a que promulguen “leyes contra las malas prácticas de los medios” genera, con toda razón, mucha desconfianza.
 

De las cosas buenas de esa ley me parece que merece la pena destacar cómo divide en tres partes iguales el espectro electromagnético entre los medios públicos, los medios privados y los medios comunitarios. Esto resulta verdaderamente revolucionario en el contexto latinoamericano y yo diría que mundial, en donde las grandes empresas privadas dominan ese espectro. Es decir, es otra ley que seguramente en buena parte está siendo atacada porque se enfoca en el problema de los monopolios, limitando el otorgamiento de frecuencias matrices a una sola empresa o persona natural. Además nadie que pertenezca a entidades financieras puede tener medios de comunicación. En general, la ley también establece que los medios son portadores de un servicio público en perspectiva de derechos.
 

Pero la ley ecuatoriana es como esos equipos de fútbol que cuando van bien con el empate se dejan meter otro gol. Aquí empiezan las partes malas. El control de la comunicación se deja en manos de un organismo presidido por alguien que es escogido de una terna presentada por el presidente de la república. Sin comentarios… Además de eso que el gobierno lleve un registro de medios que debe renovarse anualmente tiene un inocultable aspecto de control. Tiene además unos contrastes que son la expresión de lo que sucede con toda la ley, que por ello me parece un poco incoherente: dice que dentro de las funciones de los medios está la de brindar “información verificada, contrastada, oportuna y contextualizada”, lo cual es razonable pero al mismo tiempo señala que otra de las funciones es la de promover el mantenimiento de la paz y la seguridad. Qué horror!!!!! Los medios no tienen que promover la paz ni la guerra, tienen que ser democráticos y pluralistas y esto implica incorporar el conflicto como una dimensión política de la democracia. Y la perla mayor: aplica la censura previa cuando se declare el estado de excepción. Todo ello hace que el control expresado en la ley sea más evidente que sus aspectos positivos. Gol en contra. Es una lástima porque apuntaba a ser una ley progresista.
 

Sin embargo en todo esto veo algo muy positivo: en todas las discusiones pisa fuerte el tema de la adjudicación de espacios a medios sin ánimo de lucro, aún en la reforma que se discute en México y que ya ha quedado aplazada hasta el año entrante, en la cual se reconoce a los medios comunitarios e indígenas y se aprueba el 5% de comercialización. Esto queda aplazado y el ambiente no está nada claro si se tiene en cuenta que el presidente de la comisión respectiva en el Congreso fue acusado por voces críticas de seguir la política de comunicación de Hugo Chávez. Esto y que la ley Televisa siga por ahí rondando con su política de concesión de licencias por vía administrativa generan preocupación.
 

Pero el hecho de que haya un elemento común en el reconocimiento de que estructuralmente los medios sin ánimo de lucro tengan un espacio garantizado me hace recordar el planteamiento de John Keane en ‘The media and democracy’ en el sentido de que hay que replantear la noción de servicio público informativo volviendo minoría a los medios con ánimo de lucro y poniendo por encima la expresión plural de muy diversos sectores.
 

El hecho de que no solamente Argentina, sino Brasil y Uruguay hayan derogado leyes de prensa que venían de las dictaduras militares es otro de los aspectos positivos. Eso sí no lo ven los defensores de la libertad de empresa ni genera titulares en los medios.
 

En todos estos procesos siempre se interponen la arrogancia de medios y periodistas de la más rancia tradición de medios privados y comerciales, que invocan la libertad de expresión para ellos y sus empresas y a quienes les importa un pepino esa misma libertad para los ciudadanos. De todas formas confieso que me siento un poco incómoda como crítica del periodismo comercial, de ver cómo Chávez y Correa generan ruido sobre la necesaria democratización de la comunicación. Autogol. Pero creo que más que nunca está vigente la pregunta que tuvo su origen en el Foro Social Mundial: ¿es posible otra comunicación? Yo ahora estoy empezando a creer que sí, especialmente por el reto que supone Internet para los medios tradicionales y porque, aún con tropiezos, las legislaciones están intentando leer de manera diferente la estructura de la comunicación en clave de derechos. Chávez es caso aparte.
 

*Ana María Miralles es Profesora de la Universidad Pontificia Bolivariana, en Medellín, Colombia.