El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, admitió hoy que quienes rompieron el orden constitucional en Honduras no tienen ninguna intención de revertir esa situación y advirtió de la "gran tensión" que hay en el país.

Fernando Cabrera

Tras una jornada maratoniana de entrevistas con representantes del Poder Judicial, algunos candidatos a la presidencia, representantes de la sociedad civil y diplomáticos, Insulza cerró una visita que tenía como propósito trasladar personalmente el rechazo de la OEA a la situación generada en el país el pasado domingo.

"El resultado claro es que la ruptura del orden constitucional persiste y que los que hicieron esto no tienen por el momento ninguna intención de revertir esa situación", indicó Insulza en conferencia de prensa.
Insulza indicó que vino a explicar que la OEA considera que ha habido "un golpe de estado" y a pedir que "esa situación sea revertida y se acepte que sea revertida".

Sin embargo, indicó que ni la "autoridad de facto" ni ninguna otra está dispuesta a dar pasos en ese sentido. "Veo una sociedad profundamente polarizada y dividida (...) hay mucha tensión", advirtió Insulza, al advertir de que "felizmente no ha desencadenado aún ninguna cosa trágica". El secretario general de la OEA se mostró completamente firme a la hora de no dar ningún tipo de relevancia al nuevo presidente, Roberto Micheletti, del que dijo: "Él para mi no es ninguna autoridad". Ante una negativa del gobierno encabezado por Roberto Micheletti, Honduras será expulsada del bloque.

La llegada del Secretario General de la OEA a Honduras, se produjo algunas horas antes de que  expirara el ultimátum de la organización contra las autoridades surgidas del golpe de Estado del pasado 28 de junio. 

Insulza no llegó solo.
Para darle mas contundencia a su presencia en el país y con el fin de aumentar la presión sobre las autoridades hondureñas, los organismos internacionales ya han empezado a hacer efectivas las medidas acordadas para forzar la restauración del gobierno del depuesto presidente Manuel Zelaya. El viernes durante la II Reunión de Ministros de Hacienda de América y el Caribe que se realizaba en el balneario chileno de Viña del Mar, la ministra de Finanzas de Chile, Rebeca Santos, anunció que entre 300 y 450 millones de  dólares de ayuda financiera de organizaciones internacionales a Honduras han sido congelados. Los recursos eran proporcionado por organismos como el Banco Mundial y el  Banco Interamericano de Desarrollo (BID), instituciones que tras el golpe de Estado del pasado 28 de junio decidieron detener sus programas de ayuda.

Antes de partir rumbo a Tegucigalpa, El Secretario General de la Organización de Estados Americanos, OEA,  José Miguel Inzulsa, había advertido que la institución  no va a negociar absolutamente nada con el actual gobierno y que sólo se exigirá el retorno a la casa presidencial del depuesto Zelaya. Por su parte, Roberto Micheletti  respondió que Honduras no va a aceptar por ningún motivo el retorno al gobierno de Zelaya, y que tampoco está dispuesto a negociar nada.

De mantener Tegucigalpa  esa decisión, el pulseo entre las nuevas autoridades hondureñas y la OEA tiene ya un perdedor, pues es indudable que el país estaría marchando rumbo a la orfandad internacional.
Una eventual expulsión de Honduras de la OEA terminaría por asfixiar la economía hondureña, pues en la práctica el país perdería todos los apoyos económicos y los préstamos. La decisión del Banco Mundial y del BID, son ya una muestra clara de esto. En el ámbito internacional no tendría sino el efecto de  un bloqueo muy similar al que tuvo que soportar Cuba por varias décadas.

En estos momentos de crisis financiera internacional, ningún país en la región está en capacidad de sobrevivir  un aislamiento internacional de ese tipo. Mucho menos Honduras cuya economía es la más débil de la región. Según algunos analistas, empleando toda su capacidad, podría resistir tal vez por un determinado periodo. Muy corto, eso si.

Por otro lado, el intento de reponer a Zelaya a la cabeza del gobierno de  Honduras puede tener un grave efecto político interno ya que podría  endurecer la actitud del gobierno de Micheletti y de los sectores de la población que lo apoyan. En la polarizada Honduras, será muy difícil alcanzar un consenso que pueda evitar finalmente,  posibles enfrentamientos entre hondureños.

Los últimos cuatro días, manifestantes a favor y en contra del depuesto presidente Zelaya continuaron protestando en las calles de las diferentes ciudades. Informes de varias organizaciones de derechos humanos y otras ongs, han denunciado, a través de sus páginas de Internet, un fuerte acoso por parte de la policía y del ejército habiéndose producido varias detenciones, entre ellas, de algunos periodistas. De acuerdo a versiones de algunos observadores, la enorme polarización que reina en el país, es comparable solamente con la que existió en Honduras en los años de confrontación interna que se dio en los años 80.
Esta situación obliga entonces a buscar soluciones inmediatas. Una de ellas fue propuesta por el Comisionado Gubernamental de Derechos Humanos de Honduras  Ramón Custodio López, que en principio se pronunció apoyando el golpe.  Según Custodio se debería llamar a una consulta popular sobre el retorno de Zelaya. También se propuso adelantar las elecciones presidenciales que deberían celebrarse recién dentro de seis meses. 

Para las autoridades recientemente instaladas en Honduras el comportamiento de la comunidad internacional es decepcionante, pues según ellos ''sólo se ha escuchado  a una de las partes en conflicto sin haberse levantado ningún expediente ni haberse hecho ninguna investigación en torno al derrocamiento de Zelaya.''

Si bien el golpe de estado que se perpetró en Honduras el pasado 28 de junio no tuvo las características tradicionales de las que estaban revestidos los golpes militares en la Latinoamérica de los años 70 u 80, no deja de serlo. Aunque vanamente, los que lo dirigieron, traten de darle un manto constitucional a la acción. Ellos mantienen que no fue  sino un proceso constitucional dentro del Congreso de la República que decidió suspender a Zelaya nombrando como sustituto a quien en ese caso corresponde, el presidente del Congreso. Y ese, en el momento, era Roberto Micheletti.